Estudiantes de Neiva marcharon por la defensa de la educación

Masiva movilización se registró en Neiva por parte de estudiantes y profesores que exigieron una educación pública gratuita y de calidad, además se rechazó la reforma a la Ley de educación superior.

La jornada fue programada por organizaciones estudiantiles a nivel nacional por el acuerdo establecido en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, realizada en agosto en la Universidad Distrital que además incluye un paro nacional universitario como acciones de movilización y de organización del movimiento estudiantil colombiano.

El preámbulo de la movilización fue el conversatorio, “Preparémonos para pensar la Universidad”, realizado el 7 de septiembre en el Ágora de la Usco por parte del profesor Gustavo Briñez que contó con ponentes regionales y de la organización estudiantil nacional, bajo la necesidad de defender la educación pública.

La marcha

A las 10 de la mañana desde diferentes puntos, principalmente en la sede central de la Usco se marchó hasta el Centro de Convenciones y de ahí hasta la Gobernación del Huila. En el recorrido participaron estudiantes universitarios y de colegios que con comparsas, música y canticos dijeron, “Dónde está la Usco, la Usco está en la calle haciéndose escuchar. Fuerza, lucha la Surcolombiana no está en venta”. Además, acompañado de la claridad que los estudiantes no permitirán privatizar la educación porque la reforma a la Ley 30 se va caer.

Las acciones en defensa de la educación han dado para discurtir en diferentes escenarios la problemática, incluso con el Consejo Superior Estudiantil ampliado. Según el miembro de este Consejo, Oscar Suárez, la Usco se suma a la movilización por medio de el respaldo de todos los movimientos estudiantiles en defensa de la educación porque la Ley 30, su reforma y la política de educación del Gobierno es perjudicial para la academia y los intereses del pueblo colombiano, “la consigna es que la universidad debe ser pública y gratuita con la financiación completa por parte del Estado”.

El presidente del Consejo Estudiantil, Silver Lozano Martínez manifestó que fue una movilización de carácter pacífico, se está defendiendo la Universidad en la calle como nació y si es necesaria esa reforma a la educación se tumba. La exigencia del estudiantado es autonomía y democracia universitaria, de igual forma financiación plena de la educación. Para el representante del Consejo Superior, Oscar Urueña es una protesta que busca rechazar más allá de la reforma, el actual modelo de educación, ya que ahora se quiere enfundar una reforma que traerá mayores repercusiones a la calidad de la educación, “exigimos una reforma de educación que se construya con el estudiantado”.



Los profesores también se sumaron a la movilización, la Federación Nacional de Profesores, respaldaron las acciones por una educación con mayor presupuesto. El profesor universitario, Aldemar Macías manifiesta que hay un consenso generalizado de la necesidad defender la educación pública, dado el recorte presupuestal, “se piensa en aumento de la cobertura, pero lo fundamental es cómo aumentar el presupuesto que pone en riesgo carreras importantes para el país”.

Los estudiantes de colegios públicos también se hicieron presentes, además de los profesores de organizaciones como Fecode y la Asociación de Institutores Huileneses que manifestaron su preocupación por el cambio del cubrimiento en su sistema de salud. Germán Campos Gaona de la Adih, puntualizó que lo central es la defensa al derecho de la educación y la salud pública, amenazado por el Plan de Desarrollo del presidente Santos, “se quiere eliminar el preescolar de la educación básica, cortando la base a la formación. También a los maestros se nos va afectar el acceso a la salud, reduciendo los derechos de la calidad en la salud”.



Registro fotográfico



Información en desarrollo…

Necesaria sensibilización de inclusión a la diversidad

Estudiantes, profesores, profesionales de la salud, educación, psicología y demás ciudadanos interesados en la inclusión de personas con discapacidad participaron del III seminario de inclusión a la diversidad que giró en torno a la necesidad de generar oportunidades y posibilidades educativas a esta población.
Este seminario se realizó con el objetivo de documentar más a la población, generando un punto de reflexión frente a la inclusión educativa y social de las personas con alguna limitación visual, auditiva, física o cognitiva. Según la coordinadora general del Seminario, Yenny Lucía Daza, “dando la oportunidad que conozcan más sobre estos temas y estas personas, así aportarles y apoyarles para que ellas se vinculen a la sociedad, sin ningún obstáculo e inconveniente a nivel educativo y social”.
La logística del evento, recibiendo a los participantes estuvo a cargo de personas con discapacidad física, con limitación visual y cognitiva con síndrome de Down como muestra que pueden vincularse socialmente y pueden desempeñar una labor. Se desarrolló por dos días focalizado en temas de personas sordas y con discapacidad motriz, fue coordinado por la Secretaría de Educación Departamental de la Gobernación del Huila en su programa de necesidades educativas especiales con el apoyo de la Fundación Mercadeo Social.
La experta internacional, la doctora Sonia Quintero, proveniente de Texas, hizo su ponencia sobre la necesidad de abrir puertas de oportunidades para las personas sordas y con problemas auditivos en la economía de hoy. Por su parte la especialista Kelly Lorena Arcila socializó su experiencia significativa local con un modelo lingüístico. También, Sandra Molina Molina dio puntadas y orientaciones pedagógicas para la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad motora en el aula regular.
Situación de los discapacitados, un llamado a una política clara
Según la Organización Mundial de la salud, en el mundo existen aproximadamente más de 500 millones de personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva. Un gran número de la población sufre de perdida moderada de la audición y visión. El 88% de la población tiene un problema auditivo.
Johan Orlando Díaz, es discapacitado físico por una lección medular debe moverse en silla de ruedas, manifiesta que es importante sensibilizar más allá de una cultura que se ha perdido. Reconoce que existe demasiada la necesidad de fortalecer políticas para la discapacidad, así lograr mayor inclusión y no discriminación, “ya que el departamento no está preparado para la inclusión porque ni los entes públicos cuentan con ramplas, asesor o un baño para atender a la población discapacitada”.
Es que para muchos de los participantes es necesario construir una política pública de discapacidad que involucre a esta población, con una verdadera política de inclusión que genere condiciones de vida digna desde infraestructura, participación deportiva, laboral y sobre todo educativa. Fue así como se manifestó empezar con una sensibilización a los mismos discapacitados donde estos sean beneficiarios directos de los seminarios.
Paralelamente a este evento, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio realizó el Encuentro Municipal de Discapacidad, buscando la construcción de del Plan Municipal de Discapacidad con diferentes entidades. Sin embargo, la población con discapacidad reclaman ser parte de este proceso, “no hay condiciones de movilidad cómo aspiran podernos desplazar en tres días hasta ese club”, cuestionó Johan Orlando.
Urgente inclusión educativa

Para la especialista Sonia Quintero, el tema no es sólo la inclusión a discapacitados es la inclusión a la diversidad que implica que instituciones académicas y la comunidad universitaria impulsen vínculos con las necesidades humanas. Plantea el inminente desafío de inclusión que va más allá de un aula de clase a nivel escolar, debe realizarse en el ámbito post secundario a un nivel superior, además de la necesidad de empleo en la economía actual. “Cada uno es forjador de abrir senderos para los demás”, sostuvo Sonia Quintero.
La secretaría de educación departamental, Martha Clara Vanegas manifiesta que el departamento del Huila ha venido haciendo un trabajo grande en el sector educativo, se ha avanzado, ya que desde la Universidad Surcolombiana hay un apoyo en donde los pregrados tratan asignaturas con el tema de diversidad y discapacidad. Hay una especialización en integración educativa que está en proceso de transformase en maestría. “Tenemos 20 instituciones educativas con política de educación especial que reciben niños sordos, ciegos y con limitaciones cognitivas, hay que ser realista no podemos dar respuesta a todas las necesidades de la diversidad en el caso de la discapacidad en una sola institución. Hemos buscado que instituciones educativas como en los municipios de Garzón, La Plata e Isnos tengan toda la dotación y personal idónea para atender a la población sorda, es decir una población especifica que buscamos agruparla para poder darle la mejores oportunidades”, puntualiza Martha.
La secretaría de educación manifiesta que este es un evento anual que permite entender que las necesidades son muy comunes, “hay que buscar que sean permanente los espacio para visibilizar la diversidad, todavía tenemos muchos camino por recorrer, pero escenarios como éste de sensibilización van a generar más oportunidades”. En la Universidad Cooperativa se acompaña a la población ciega para que personas con discapacidad visual estén en la Universidad. Por su parte en la Universidad Surcolombiana se ha avanzado en la inclusión de población sorda, “pero todavía hay mucha dificultad para que acceda la población, la Universidad se tiene que meter más en el proceso de difundir la posibilidad de inclusión de las personas con limitación”.

Antecedentes
Este seminario surgió hace tres años frente a la necesidad de la población de docente, estudiantes y profesionales de la salud de conocer más sobre la inclusión educativa y necesidad educativas especiales. Así surge la necesidad de un evento que permitiera la reflexión frente a la inclusión y abrir un espacio para que profesionales de diferentes áreas del conocimiento se vinculen a los procesos de salud, educativos y psicológicos de la población con discapacidad.

Programa de Psicología propiciando la investigación

El programa de psicología organiza su programación académica que contempla una conferencia sobre investigación cualitativa y la presentación del libro, “Vulnerabilidad y derechos de la niñez” los días 1-2 de septiembre.
Este evento académico denominado, “Investigación Social, Niñez, Sujeto y Juventud” es organizado por el grupo de investigación “Crecer” de ese programa, según el director encargado del grupo, Roberto Cortés, éste tiene como fin promover la formación investigativa de los estudiantes que serán futuros profesionales.
El evento inicia el 1 de septiembre con la conferencia, “Perspectivas Contemporáneas de la Investigación Cualitativa”. Conferencia orientada por el docente Juan Manuel Castellanos de la Universidad de Manizales, ésta será a las 2:30 de la tarde en el Auditorio Amparo Páramo, en la que se expondrá las metodologías actuales de la investigación cualitativa. Es abierta a estudiantes de la Universidad Surcolombiana y demás centros de educación superior de la ciudad. “Al finalizar la conferencia se va abrir un espacio para que los estudiantes de tesis y asesores puedan socializar las inquietudes que han tenido a lo largo de los trabajos de grado”, manifestó Roberto.
Para el 2 de septiembre se presentará el libro, “Vulnerabilidad y derechos de la niñez” de varios docentes que lo publicaron producto de la investigación del grupo “Crecer”. Producción que refleja la vulneración de los derechos de la niñez, resultado de la investigación de un intercambio académico con profesionales de la Universidad de Antioquía y Universidad del Rosaría de Argentina. “Libro con múltiples trabajos con el núcleo común del estudio de subjetividad humana como un producto histórico, social y familiar que reclama una educación de los niños y las niñas con enfoque de derechos”.
Roberto Cortés manifestó que al final el investigador Juan Manuel Castellanos presentará su tesis doctoral sobre las formas actuales de la movilización armada en Colombia, “hay una tendencia en la que la mayoría de los jóvenes están armados pero no son ilegales, es decir que no pertenecen a bandas como las Bacrim”. Esta jornada también se realizará en el Auditorio Amparo Páramo de la facultad de Salud.

¿Ley de Víctimas un tema de reparación con tierras?

Detrás de la Ley de víctimas, hay un tema de reparación que va más allá de la tierra, pues implica una interacción en un territorio que no se tiene en cuenta y es esa tierra uno de los temas de fondo, ya que en esta Ley es entendida como un simple predio en la lógica del mercado.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue impulsada por política del Gobierno del Presidente Santos que demanda una justicia transicional para asumir parte de los problemas generados por la guerra, básicamente orientada en la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz. El secretario del Ministro de Interior, Germán Córdoba sostiene que la Ley busca darles visibilidad a las víctimas, además que cese la condición de víctima con reparación y verdad. Esto bajo otras figuras como justicia y no repetición que aleja la noción del delito de despojo del territorio.

El sociólogo, John Jairo Rincón establece el contexto de la zona suroccidente del país en el que surge la Ley de Víctimas en donde a la población se le ha arrebatado el territorio por procesos agroindustriales. La construcción de esta Ley se plantea desde un postconflicto que bajo la figura de la verdad no configura el delito de despojo del territorio. “Con la Ley hay una víctimatización en donde las figuras sociales son reemplazadas por usuarios de servicio, dando paso al vulnerado y finalmente hacía la víctima como una construcción de ciudadano de forma privilegiada, establecida por el Gobierno. Es así como también lo privado entra a materializarse a través de lo público”, añade John.
Es que bajo este contexto el investigar de la Universidad Surcolombiana, Miller Dussán sostiene que la restitución de tierras debe entenderse como un acto de justicia para quienes siendo los legítimos dueños fueron despojados de las mismas por la fuerza para ponerla al servicio del capital nacional y transnacional. “El uso de tierra debe garantizar la seguridad y soberanía alimentaria bajo el control de sus legítimos dueños. El Estado no la asume en términos de justicia sino como una oportunidad para fortalecer las denominadas “locomotoras del desarrollo”. En ese sentido, se debe entender que no importa el desplazamiento generado por el mismo Estado, caso Quimbo, si existe un supuesto “interés superior” o “utilidad pública e interés social” que es la “confianza inversionista” para acelerar las locomotoras del desarrollo”, añade Miller.

Auscultando la Ley

Con la Ley se crea la Unidad Admintrativa para la Gestión de Restitución de Tierras, bajo el Ministerio de Agricultura. Esto para el Sociólogo Jhon Jairo genera dudas dada la política de agricultura y el desarrollo rural del Ministerio. De igual forma cuestiona el qué reparar, si éste se debe ver más allá de lo económico con daño psicosociales y transgeneracionales. Se pregunta por el qué despojaron, refiriendo que no sólo es la tierra, es el territorio donde hay un despojo de tejidos socioculturales, “no se interviene las condiciones sociales del conflicto, no atiende a la sociedad en su conjunto. El despojo va más allá de una propiedad, hay relaciones territoriales, un entrerramado y múltiples condiciones sociales. Si se nombra la atención psicosocial, ésta es focalizada al individuo como afectado”.

Para este sociólogo en la Ley no hay una conceptualización que permita entender la reparación integral, ya que no se puede mirar la Ley sin el contexto del desarrollo económico y político del Gobierno, “en el contenido y el desarrollo práctico de la Ley se ve la carencia”. Más aún genera reflexión al no considerar víctimas a personas que sufren daños por consecuencia de la violencia común en relación a las “Bacrim”. Este tema es un punto cuestionado por el que se adelantan demandas porque la Ley no cubre en su totalidad a las víctimas del conflicto armado. Jairo añade que la Ley genera una competencia de la víctima con el pobre, además que condiciona a la víctima con un sometimiento del Gobierno donde incluso se prohíbe la toma de tierra por ser una causal de pérdida de la condición de víctima.

Esta Ley acude a una relación de servicios sociales obligatorios como salud y educación, bajo la figura de medidas asistenciales sociales. De igual forma la persona debe firmar un contrato de transacción que no da pie para indemnizaciones futura, ya que la víctima no podrá desarrollar acciones jurídicas por verdad y reparación. Finalmente, el sociólogo establece que es una Ley que no responde a una necesidad de fortalecer el sector de la economía campesina y la tenencia de la tierra, eleva la inquietud ¿desde qué perspectiva se aborda y propone la política? Para el ciudadano de Neiva y estudiante de derecho Camilo Ernesto, la Ley de Víctimas es un proyecto que flexibiliza normas jurídicas por encontrase viciadas en su origen y aplicación. Agrega que no hay una figura que restituya el bien común o el territorio de una población.

¿Se mantiene el despojo?

Según, John Jairo Rincón “en esta Ley se disminuye la ampliación de la definición de restitución, ésta se centra en predios y casi que en la escritura”. Lo que para él busca la formalización de la tenencia de la tierra, lo que se convierte en un elemento de despojo porque entra en el mercado de la tierra. Es una restitución que se debe hacer, así no se aplique el retorno, lo que daría paso a la comercialización del predio.

Frente a esta Ley el investigador, Daniel Libreros, aclara que ésta es una formalización de la propiedad para negociar la tierra con la falacia de postconflicto. Además, no es equivalente con el número de desplazados de país, “busca cooperativizar para someter el uso de la tierra a lógica del mercado y el uso en monocultivo”. Esto se añade al despojo del territorio por multinacionales con complacencia de las políticas económicas del Gobierno, en donde se le quita la tierra al campesino para ser explotada industrialmente. Lo que genera un tipo de despojo por parte del Estado que no está siendo reparado.
En este sentido el Investigar de la Universidad Surcolombiana, Miller Dussán manifiesta que es un política de restitución de tierras donde se privilegia los intereses empresariales, ya que figuras jurídicas como el contrato para el uso del predio restituido, implica que en casos donde existan proyectos agroindustriales en tierras objeto de restitución, en cualquier región del país se privilegiara la continuidad de estos proyectos sobre el derecho de las víctimas a la restitución, “De esta manera se elimina o pospone el uso y goce efectivo de las tierras restituidas a las víctimas haciendo nugatorios sus derechos contribuyendo a la legalización del despojo”, puntualiza Miller.

Para el Historiador, Vega Cantor Renán esta Ley abre camino a una nueva historia oficial que niega las causas históricas del conflicto armado, donde el capitalismo ha sido un genocida en los territorios y además hay una impunidad del terrorismo del Estado que no asume su responsabilidad en la violencia.

Neiva marchó contra la corrupción


Huilenses se sumaron a la marcha Nacional de Antifaces contra la corrupción, liderada por jóvenes que se suman al Movimiento Manos Libres al que pertenecen artistas y personalidades públicas.

Miles de colombianos marcharon de manera simultánea en 30 ciudades para hacerle un entierro a la corrupción que se presenta en el país Aproximadamente mil personas marcharon en Bogotá, en Neiva se dio inicio a esta movilización a las 11 de la mañana, los marchantes aunque no fueron muchos, lo hicieron convencidos que son una representación simbólica y diciente de quienes no quieren seguir viendo actos de corrupción en la ciudad y el país.

Diego Acosta anunció que no se gana nada con la crítica, si se quedan quietos. Por eso desde la Alcaldía hasta el Parque de los niños, marchantes con camisas negras, bombas y antifaces hicieron su recorrido de manera silenciosa, portando carteles en los que manifestaron su rechazo a los actos de corrupción. “No más corrupción, no más silencio y no más indiferencia. Más educación, honestidad y más justicias. En Cada paso dado un corrupto tiembla”, fueron los mensajes de la jornada.

Según uno de organizadores, Camilo Caballero hizo parte una marcha pacífica sin colores políticos en la que se dio muerte a la indiferencia y el silencio, dándole paso al nacimiento de la dignidad, con menos críticas y más acciones, ya que para él la corrupción es la madre de todos los problemas sociales.

Esta movilización también se desarrolló en Ribera, al finalizar los marchantes con el ataúd simbólico le hicieron sepelio a la corrupción, “No más corrupción, chanchullo caminó al cementerio y se enterró”. De igual forma se despojaron de sus marcaras como un acto de contrición le dieron la cara al país. Según el vocero nacional, El guionista, Gustavo Bolívar se esperan desarrollar otras estrategias para que no se quede sólo en una marcha, así hacer un control social que avergüence a los corruptos en lo que se convierte en una lucha nacional.

Comunidades de Colombia en resistencia por la defensa del territorio


En el país se mantiene una resistencia y organización de procesos locales que se articulan en un escenario nacional de resistencia para hacer frente a las políticas económicas del Gobierno que traen despojo del territorio; una resistencia que es la manifestación de las comunidades en defensa de la tierra y la vida.

Neyder Salazar

La lucha y defensa de la tierra se ha mantenido por largos años, es un escenario que las comunidades campesinas han reclamado frente a modelos latifundistas y políticas económicas enmarcadas dentro de la figura del desarrollo, y progreso que los condena a la pobreza y el abandono. Políticas que se hacen cada vez más fuertes, abren paso desmesurado al arrasador poder del capital, en un gran número al extranjero con megaproyectos transnacionales que condenan al campesino al destierro. Es el despojo de la tierra con desplazamiento en complacencia del Gobierno con su política minero energética, además agroindustrial que trae graves impactos ambientales y psicosociales. Lo que pone en riesgo inminente la seguridad alimentaria de la población, la vida misma y la relación armoniosa con la naturaleza.


Según los movimientos sociales del país es una política económica minera-energética y agroindustrial agresiva, impulsada por el Gobierno que representa una amenaza para el medioambiente, y familias campesina e indígenas que son desterradas de sus territorios. También implica un cambio en el enfoque de lo que ha sido la vocación agraria del país. Esto para el senador, Alexander López, genera impactos complejos y graves hacía el territorio colombiano con la intervención de grandes trasnacionales que actúan en el país con efectos irreversibles e incuantificables.

Intervención que hacen evidentes los impactos sociales, tal como manifiesta la mujer campesina del Huila, Luz Marina Escobar, sosteniendo que es falso lo dicho que con la construcción de la represa se mejoraría sus vidas, “estamos ahora peor que antes de llegar la represa, por eso pedimos que se nos defiendan los derechos, ya que nos quiere desplazar el mismo Gobierno”.

Este fenómeno económico, incluso ha generado mayor conflicto en el país. Tan solo en Antioquia, con la represa Ituango hay una agudización del conflicto, los actores armados siguen aumentando sus acciones en la zona con una guerra donde la comunidad está en medio. Según Isabel Cristina, EPM actúa como una multinacional atropellan costumbres, la represa lo que ha ocasionado es más violencia, ya que la población está siendo estigmatizada y amenazada.


El investigador y docente, Daniel Libreros, afirma que Colombia es un país en crisis, ya que la minería representa el 80 por ciento de la inversión extranjera que se ha venido marcando con reformas para la consolidación de la minería. Además se propicia políticas como la seguridad inversionista para entregar el territorio, “está la seguridad tributaría con grandes excepciones fiscales que regala los recursos del Estado, es un modelo del país que empobrece porque degrada el territorio y porque el grueso de la tributación se descarga sobre la población para que lleguen las transnacionales”.

Esto acompañado de otra serie de reformas que contribuyen a garantizar la política como la criminalización de la protesta social con la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Víctimas que somete el uso de la tierra a la lógica del mercado. Para el sociólogo, John Jairo Rincón esta última Ley busca la formalización de la tenencia de la tierra, lo que se convierte en un elemento de despojo porque entra en el mercado de la tierra”.

Para Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Vivos y Otros Mundos, hay unos ejes fundamentales de las políticas internacionales capitalistas marcados en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos. Estos fundamentados en el desarrollo competitivo y la prosperidad bajo la inversión privada, en especial inversión extranjera directa de la confianza inversionista, desarrollando corredores en macro-regiones con infraestructura de integración. “Esto se traduce en gobernanza desde la política del Banco Mundial y Colombia es uno de los países que hace reformas para permitir las negociaciones. Si no cambiamos el modelo energético, desde su explotación no va ser sostenible y se va agravar”, manifiesta Juan Pablo.

Según Tatiana Rodríguez, de la Red de Acción contra la Gran Minería el 40 por ciento del territorio colombiano posee un titulo o una solicitud minera. Además se adelantan seis proyectos de represa en todo el país que se suman a las 9 existentes, “hay una política minería a gran escala que ha llegado a los páramos, creando conflictos. Una política que no mira las condiciones reales del país y la biodiversidad, acaso el futuro del país debe ser la minería”. Mario Valencia de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, sostiene que Santos le entrega todas las gabelas y beneficios a las transnacionales, ocupando por medio del despojo el territorio, “el Gobierno ha querido perseguir a los mineros pequeños nacionales para facilitar la gran minería, para estos no hay garantía y los quieren echar de su propia casa”.

Es que la inversión extrajera es un riesgo cuando se hace a gran escalada, más aún porque Colombia es un país con una importante dimensión ambiental y múltiples recursos que representan un gran interés económico. Para el investigador, Miller Dussán, lo que se vive es “una hecatombe social y ambiental por el modelo de desarrollo de extracción de recursos que responde al control del territorio, y al servicio de grandes empresas nacionales y trasnacionales”. “Preocupa las solicitudes de explotación mineras en ecosistemas de páramo y de protección ambiental, son 8 millones de hectáreas y que bajo planes como IIRSA se desarrolla infraestructura para megaproyectos y así sacar los recursos”, manifiesta Miller.

Daniel Libreros aclara que con la política económica se genera ganancia exclusiva para la multinacional a manera de enclave. Es el modelo de un Plan de Desarrollo que será profundizado, lo que se agrava con la concentración de tierras, “el modelo de desarrollo de la tierra busca entregar la explotación de la tierra a transnacionales, es decir a un negocio internacional y a grupos económicos nacionales”, aclara Daniel.

La política ecónomica del Gobierno está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo que el senador Alexander López, plantea que toda la superficie de Colombia está susceptible a la explotación minera y petrolera, “Colombia va a desarrollar la locomotora de la minería e hidroeléctrica, un sector estratégico que se convierte en la política principal del Gobierno, lo que deja abierto intervenir cualquier territorio”. Mario Valencia de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, sostiene que esto no es una locomotora, es una aplanadora de miseria y atraso. “La única salida es movilización social y la resistencia democrática, resultado de amplios sectores de la población contra proyectos trasnacionales que siguen cobijados por el gobierno y en contra de la población”, adiciona Mario.


Organización de las comunidades en resistencia

Bajo este contexto es la población la que ha reconocido la necesidad de sembrar el campo, de resistir por defender la tierra, aún más por el problema social y económico que sufren con estas políticas. Tal como lo reconoce el campesino Jorge Enrique Cárdenas que resiste frente al proyecto hidroeléctrico el Quimbo, “estamos pidiendo que se haga la reserva agrocampesiona porque el progreso lo da el campo, no queremos que las multinacionales acaben con lo que da vida”.

Las comunidades afectadas, organizaciones sociales y ambientalista han decidido mantener procesos de resistencia contra lo que ven como un modelo equivocado de desarrollo que perjudica las tradiciones culturales, ancestrales y naturales del territorio, además causan un riesgo socioeconómico para las comunidades, atentando el buen vivir de la población.

Esa defensa se fundamenta en la organización de múltiples procesos sociales locales que se convierten en una alternativa de defensa del territorio y de garantizar condiciones de vida digna, defensa de los derechos y garantía de una soberanía alimentaria. Movimiento Social por la Defensa de Río Sogamoso, AsoItuango, Asociación de afectados por la hidroeléctrica de Ituango, Comité por la Defensa de la Vida en resistencia del proyecto minero la Colosa en Cajamarca, proceso de resistencia del Páramo de Santurbán, son algunos de esos procesos organizados en defensa del territorio.

Un escenario de articulación y organización nacional

Frente a este panorama los movimientos sociales manifiestan la necesidad de replantear toda la política minera y energética, de esta forma hacer una construcción diferente de país. Para Juan Pablo Soler, de Ríos Vivos y Otros Mundos, existe la necesidad de pensar y hacer una puesta en la construcción de otra, y una nueva política energética y minera, “el que hacer y no quedarnos sólo en la lucha, sin abandonar, pero proponiendo una nueva política para el territorio y el país”.

Las comunidades están viendo amenazada la soberanía nacional por las trasnacionales, por eso ven necesaria la organización y la movilización social. En esta medida se han generado iniciativas de organización como CENSAT Agua Viva que desde el ambientalismo genera procesos sociales. Pero también el Movimiento Nacional por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas, “Ríos Vivos” que busca generar un proceso de articulación nacional. Así, generar acciones para construir una política minero- energética alternativa que cambie el modelo para el país.

Para Tatiana Roa de Censat, Agua Viva, hay que entender las resistencias no como un problema único, ya que responde a todo un modelo de desarrollo que amenaza los territorios, son múltiples los megaproyectos en agua y minería. Por eso los desafíos de los movimientos sociales en defensa de los territorios y el agua viva, está en tejer una lucha de un movimiento nacional que tiene toda una historia. “Hay que construir el movimiento con la solidaridad, es una lucha de todos. Es una lucha nacional para construir de manera más fuerte el movimiento por medio de autonomía y movilización permanente desde diferentes niveles, además de construcción política y alternativa para fortalecer nuestras forma de vida”.

Además, procesos como el Congreso de los Pueblos que plantea el diálogo de múltiples organizaciones con comisión políticas de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria en busca de una alternativa de país desde la defensa de la tierra, territorio y soberanía, son una muestra de esa construcción nacional. La vocera nacional de la Minga, Marelín Serna manifiesta que el trabajo de la Minga es el recorrer y cosechar las luchas de resistencia que históricamente se han dado con el fin de fortalecer y afianzar la resistencia de la Minga Nacional, una propuesta de mandato, y lucha por el territorio y la vida digna.

También está la construcción de organizaciones desde el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia. Son espacios que se multiplican, encuentran y que se construyen como el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, en busca de interrelacionar perspectivas de resistencia, movilización y construcción territorial de las luchas y reivindicaciones del pueblo. Organizaciones como la Red Nacional de Democracia y Paz empieza a fundamentar su trabajo alrededor del derecho a la tierra como una necesidad para construir territorio por medio de la formación, sensibilización y seguimiento en la conservación, y uso del agua y la tierra.

La senadora, Gloria Inés Ramírez está convencida que la lucha por la defensa de los derechos, la soberanía y la lucha por el despojo es justa, “la lucha que para ellos no significa nada para nosotros es la vida, estamos pidiendo que respeten lo que tenemos y hemos construido con toda la familia. Es una batalla contra las multinacionales, pero también contra el Gobierno de Santos que acolita el despojo”. En este mismo sentido el diputado del Cauca Wilson Narváez, reconoce que se está resistiendo y defendiendo la vida, “exigimos que se tiene que legislar a favor de la vida, queremos vivir en un territorio digno y no en un desierto como lo que quieren las multinacionales”.

Como manifiestan comunidades campesinas, “seguiremos luchando con un proyecto de vida, frente a ese proyecto de muerte por el derecho al territorio”. Es ese el escenario de defensa del territorio, mantiene su necesaria articulación y amplio diálogo que permite generar argumentos, conocimiento, debates y alternativas para seguir desarrollando acciones de resistencia nacional, y de esta forma hacer frente a las políticas de desarrollo que bajo el modelo extractivo amenazan el territorio y las comunidades.

Políticos del Huila denunciaron fallas e incumplimientos de Emgesa: La realidad es otra

En plenaria del Senado se hizo el debate público de control político sobre la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, citado por la bancada huilense. En ésta los congresistas del Huila mostraron sus preocupaciones por los incumplimientos de la multinacional Emgesa que desarrolla la obra.
Los parlamentarios del Huila solicitaron acciones concretar por parte del Ministerio de Ambiente frente a las denuncias que ya se habían hecho como es el incumpliendo a la rebaja del servicio de energía eléctrica, la figura unipropósito del proyecto que no permite el desarrollo de la piscicultura, el no desarrollo de los distritos de riego y la construcción de la vía perimetral. En esta medida tal como reconoce el representante a la Cámara, Carlos Agusto Rojas, la dicha del desarrollo con la represa duro poco, la ilusiones se han desvaneciendo con incumplimientos.
Preocupación por el aspecto laboral
Los congresistas mostraron su reocupación por las condiciones laborales otorgadas, los empleos en la construcción de la represa son bajo un mal trato. Además que no se ha respondido con la contratación de obra calificada de la región y menos la contratación de empresas locales. “A los taxistas de Gigante no se les contrato y ni los hoteles de garzón son utilizados”. Enrique Dussán, manifiesta que hay un grave desplazamiento laboral, de igual forma Emgesa desinforma y confunde a la gente, “la realidad que vemos hoy es otra y muy preocupante”.
La afectación económica de la zona y sus implicaciones sociales fueron una de los temas que más se escuchó, ya que se afecta el desarrollo agrícola y pecuario que dinamiza la economía de la zona. Tal como manifiesta el Senador Enrique Robledo, se pone en riesgo miles de empleos que hacen parte de una cadena productiva que no se compara con la represa, ya que el trabajo de ésta es sólo en su construcción, luego se reduce sustancialmente.
Más aún cuando los congresistas huilenses manifiestan que se burlaron de su buena voluntad con la modificación de una licencia que no reconoce los acuerdos realizados en la mesa de concertación. Por eso solicitaron realizar una mesa de seguimiento que permita evaluar los impactos ambientales. En esta medida El Congreso autorizó la realización de una comisión de seguimiento y control.

Acciones gubernamentales

Sin la presencia de la Ministra de medio Ambiente, el viceministro de esta cartera manifestó que con la modificación de la licencia se sustrajo parte de la compensación ambiental, “ las acciones de seguimiento a la licencia aspiraríamos fueran más oportunas y contundentes por el gran número de proyectos con licencia que tiene el país”.
Frente a esta posición el senador, Hernán Andrade solicita acciones concretas, cuestionando las responsabilidades del Ministerio y sus competencias. Por su parte la Asociación de Afectados, Asoquimbo solicitó la garantía de sus derechos y la indemnización por los daños causados y afectación de sus actividades productivas. Esto frente a la falta de acción de las entidades y la omisión de sus responsabilidades de resguardar los intereses de la comunidad, permitiendo causar daños a la población.



Enrique Dussán, sobre el Quimbo by Quimbo Movilización

Cunsuelo González, sobre el Quimbo by Quimbo Movilización


Silvio Baques sobre el Quimbo by Quimbo Movilización


Carlos Agusto Rojas sobre El Quimbo by Quimbo Movilización

Miller Dussán sobre El quimbo by Quimbo Movilización


Comisión. MinAmbiente y Hernan by Quimbo Movilización


Enrique Robledo sobre El Quimbo by Quimbo Movilización